A pesar de la crisis y a pesar de la pandemia, un bien inmueble sigue estando considerado como una de las inversiones más seguras para invertir dinero y para rentabilizar la inversión.
Sin embargo, no todo el mundo cuenta con ahorros suficientes como para ir comprando propiedades, por lo que ha surgido el concepto de crowdfunding inmobiliario.
En Treshabitat te explicamos en qué consiste esta forma de invertir.
Cada vez más, el crowdfunding inmobiliario va ganando adeptos en nuestro país, sobre todo, tras la Ley de Fomento de Financiación Empresarial de 2015, que establece que la CNMV se encargará de autorizar, supervisar e inspeccionar y multar a aquellas plataformas de financiación participativa que funcionan como intermediarias de este tipo de inversión y que se encargan de seleccionar los proyectos y agrupar a los diferentes ahorradores mediante una plataforma digital.
Básicamente, el crowdfunding inmobiliario, consiste en una inversión colaborativa, en el que un pequeño ahorrador aporta una pequeña cantidad a cambio de una rentabilidad, por lo que una persona que tenga capacidad de ahorro puede permitirse diversificar su inversión, hasta ahora una alternativa reservada a personas con grandes capitales.
Está establecido un límite de inversión de 3.000€ por proyecto para aquellos ahorradores que no tengan formación financiera y un máximo de 10.000€ anuales en todas las plataformas, y para aquellos ahorradores acreditados, es decir, que cuentan con formación financiera, tienen la posibilidad de operar sin límite. En ambos casos, se puede invertir a través del capital o de un préstamo.
Mediante el crowdfunding inmobiliario, un promotor consigue la financiación necesaria para promover viviendas o reformar inmuebles, lo que se convierte en una alternativa de no depender de una entidad bancaria para conseguir financiación, aunque cuenta con unos límites de no más de un proyecto por plataforma y de un importe máximo de cinco millones.
Como cualquier tipo de inversión, conlleva una serie de riesgos, como por ejemplo que no se cumpla el plazo estimado en inversión o que la rentabilidad no sea la establecida en un primer momento, ya que se trata de proyectos cuyo capital no está asegurado ni autorizado ni supervisado por la CNMV, por lo que la responsabilidad total recae en el inversor.